27 Septiembre 2010
Publicada en El Nuevo Día
VIVIAN RODRÍGUEZ DEL TORO
PSICÓLOGA Y CATEDRÁTICA DE LA UIPR
El controvertible proyecto del Senado 1680, presentado por la senadora Evelyn Vázquez pretende imponer responsabilidades y tareas a las víctimas de violencia doméstica en relación a las órdenes de protección. De aprobarse el proyecto, se requiere que las víctimas le saquen múltiples fotocopias a la orden de protección y las entreguen, junto a un retrato del agresor, a todas las personas y lugares donde ella se relaciona (trabajo, familiares, vecinos, escuela, iglesia, etc.).
En esencia, el proyecto parece tener una intención loable al reconocer que las órdenes de protección necesitan darse a conocer y que hace falta tomar acciones concretas para que las mismas puedan ser más efectivas en la protección de las víctimas. No obstante, le impone una carga y responsabilidad inusual y desmedida a las víctimas. Imponer este “deber” plantea un desconocimiento de la realidad psico-emocional que tienen las víctimas de violencia doméstica, como resultado del patrón de maltrato y del ciclo de violencia que la mayoría ha vivido previo a solicitar una orden de protección. Para muchas mujeres atreverse a solicitar la misma, ya de por sí, representa una decisión difícil e intimidante. Pretender que cumpla con el “deber” que le impone esta ley, pudiera ser para muchas disuasivo para no solicitar la orden.
De otra parte, cabe preguntar, ¿cómo se pretende que las mujeres pobres, sin recursos, facilidades, educación, falta de transportación y que viven en la ruralía o barriadas puedan realizar las gestiones requeridas por esta ley? ¿Cuál será el resultado si no cumplen? ¿Se les va a multar, penalizar o acusar por faltar a la ley? ¿Por qué no se le impone esta responsabilidad a la Policía, al Departamento de Justicia u otra agencia concernida?
Tal como está redactado este proyecto de ley, esencialmente lo que hace es re-victimizar a las víctimas al hacerlas responsables directas de la protección que precisamente están solicitando de las agencias gubernamentales creadas para ese propósito. Recomendamos se enmiende el proyecto para que al emitirse la orden, se requiera una comunicación interagencial que alerte a todas las partes, asignando los fondos y recursos necesarios para su implantación.
lunes, 27 de septiembre de 2010
Editorial de El Nuevo Día
27 Septiembre 2010
INSEGURIDAD QUE TIENE QUE ACABAR
Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.
Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.Entendemos que la desinformación sobre este trágico comportamiento y la desconexión sistémica con que se trata de atender conforman un coctel letal que mutila y siega la vida de muchas mujeres en Puerto Rico. Proponemos, entonces, que el fenómeno empiece a atenderse con la amplitud de seguridad y la sensibilidad que amerita.
El testimonio de varias mujeres que, en el marco de las vistas, explicaron los obstáculos que han enfrentado para recibir apoyo de las autoridades y agencias de Gobierno, y protegerse de las posibles agresiones de sus parejas o ex parejas, ejemplifica la necesidad de hacer cambios en la Ley 54.
Pero hasta ahora la mayor parte del debate se ha centrado en discutir aspectos aislados de la Ley y no en enfocar las fallas y lagunas de las que adolece, y que podrían resolverse con intercomunicación entre las agencias; mayor información y preparación del personal a cargo, y una perspectiva integral del proceso para respaldar a las víctimas.
Tiene razón la representante Albita Rivera al señalar que no se necesitan “parchos a la Ley 54” y que los testimonios de las mujeres que han acudido a la Cámara, son de gran provecho para evaluar el nivel de efectividad de mecanismos que ahora mismo están en tela de juicio, como las órdenes de protección.
En 2009 se emitieron 19,504 órdenes de protección, lo que no impidió que 16 mujeres fueran asesinadas, algunas de ellas a pesar de haber buscado ayuda y tramitado la protección. Cuando faltan todavía tres meses para que finalice el 2010, ya hemos tenido 18 mujeres muertas por la violencia machista. Esto sin contar las que han resultado físicamente mutiladas o psicológicamente heridas.
Un proyecto de la senadora Evelyn Vázquez, recientemente aprobado por el Senado, establece que, al dorso de la orden de protección, aparezcan unas medidas que deben adoptar las víctimas, como sacar copias de la orden y la foto del agresor y distribuirlas por su comunidad, lugar de empleo y escuela de los hijos. No está claro en el texto del proyecto si esto se haría a manera de orientación solamente, o si por Ley la perjudicada vendría obligada a sacar dichas copias y repartirlas por todas partes. Esto último sería echar encima de la víctima una carga que debe corresponder a las instancias a las que acude en busca de protección. Muchas de estas mujeres no tienen simplemente los medios para sacar copias, ni mucho menos la transportación para distribuirlas. Esto, de todos modos, seguiría siendo otro “parche” que deja intacto el camino de la inseguridad.
Otra propuesta, el Proyecto de la Cámara 2751, de las senadoras Liza Fernández y Albita Rivera, dispone que al expedirse la orden de protección, los alguaciles y policías retiren a los agresores las llaves y ‘beepers’ de acceso a las casas y urbanizaciones donde vive la víctima. También se orientará a la víctima para que informe de la situación en su comunidad y a su familia.
Aunque atribuyamos una encomiable intención detrás de estos esfuerzos, no puede seguirse retrasando un examen integral de la Ley pero, más aún, de las desconsideradas inconsistencias del sistema que impiden su rigurosa aplicación.
Esas lagunas propician propuestas aisladas que prolongan el ciclo de inseguridad en perjuicio de la mujer que pide ayuda. Y ese trágico ciclo se tiene que romper.
INSEGURIDAD QUE TIENE QUE ACABAR
Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.
Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.Entendemos que la desinformación sobre este trágico comportamiento y la desconexión sistémica con que se trata de atender conforman un coctel letal que mutila y siega la vida de muchas mujeres en Puerto Rico. Proponemos, entonces, que el fenómeno empiece a atenderse con la amplitud de seguridad y la sensibilidad que amerita.
El testimonio de varias mujeres que, en el marco de las vistas, explicaron los obstáculos que han enfrentado para recibir apoyo de las autoridades y agencias de Gobierno, y protegerse de las posibles agresiones de sus parejas o ex parejas, ejemplifica la necesidad de hacer cambios en la Ley 54.
Pero hasta ahora la mayor parte del debate se ha centrado en discutir aspectos aislados de la Ley y no en enfocar las fallas y lagunas de las que adolece, y que podrían resolverse con intercomunicación entre las agencias; mayor información y preparación del personal a cargo, y una perspectiva integral del proceso para respaldar a las víctimas.
Tiene razón la representante Albita Rivera al señalar que no se necesitan “parchos a la Ley 54” y que los testimonios de las mujeres que han acudido a la Cámara, son de gran provecho para evaluar el nivel de efectividad de mecanismos que ahora mismo están en tela de juicio, como las órdenes de protección.
En 2009 se emitieron 19,504 órdenes de protección, lo que no impidió que 16 mujeres fueran asesinadas, algunas de ellas a pesar de haber buscado ayuda y tramitado la protección. Cuando faltan todavía tres meses para que finalice el 2010, ya hemos tenido 18 mujeres muertas por la violencia machista. Esto sin contar las que han resultado físicamente mutiladas o psicológicamente heridas.
Un proyecto de la senadora Evelyn Vázquez, recientemente aprobado por el Senado, establece que, al dorso de la orden de protección, aparezcan unas medidas que deben adoptar las víctimas, como sacar copias de la orden y la foto del agresor y distribuirlas por su comunidad, lugar de empleo y escuela de los hijos. No está claro en el texto del proyecto si esto se haría a manera de orientación solamente, o si por Ley la perjudicada vendría obligada a sacar dichas copias y repartirlas por todas partes. Esto último sería echar encima de la víctima una carga que debe corresponder a las instancias a las que acude en busca de protección. Muchas de estas mujeres no tienen simplemente los medios para sacar copias, ni mucho menos la transportación para distribuirlas. Esto, de todos modos, seguiría siendo otro “parche” que deja intacto el camino de la inseguridad.
Otra propuesta, el Proyecto de la Cámara 2751, de las senadoras Liza Fernández y Albita Rivera, dispone que al expedirse la orden de protección, los alguaciles y policías retiren a los agresores las llaves y ‘beepers’ de acceso a las casas y urbanizaciones donde vive la víctima. También se orientará a la víctima para que informe de la situación en su comunidad y a su familia.
Aunque atribuyamos una encomiable intención detrás de estos esfuerzos, no puede seguirse retrasando un examen integral de la Ley pero, más aún, de las desconsideradas inconsistencias del sistema que impiden su rigurosa aplicación.
Esas lagunas propician propuestas aisladas que prolongan el ciclo de inseguridad en perjuicio de la mujer que pide ayuda. Y ese trágico ciclo se tiene que romper.
viernes, 24 de septiembre de 2010
No se rinde el MAMPR ante determinación del Tribunal Supremo en caso del Mural
San Juan, Puerto Rico, 24 de septiembre de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) anunció hoy que el pleito contra el Municipio de San Juan sigue activo a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico paralizó los efectos de una sentencia de injunction preliminar dictada por la Juez Rebecca De León a su favor en agosto pasado.
“Es importante que el país tenga claro que el recurso de Entredicho provisional, Interdicto preliminar e Injunction permanente y Sentencia Declaratoria radicado el pasado mes de julio por cuatro integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico en contra del Municipio de San Juan sigue vivo. Lo único nuevo que ha pasado aquí es que el Municipio inició un proceso de apelación para detener el injunction preliminar que ya se nos había otorgado. Esta acción del Municipio era totalmente previsible ya que todas sus acciones públicas y legales han estado encaminadas a silenciar el MAMPR.” explicó la Lcda. Josefina Pantoja, una de las demandantes en el caso.
El injunction preliminar permitía a las integrantes del MAMPR pintar el mural que ha sido objeto de la controversia y que en cuatro ocasiones ha sido borrado por personal del Municipio de San Juan. El Municipio de San Juan apeló esa sentencia ante el Tribunal Apelativo y ante la negativa del mismo de paralizar los efectos de la misma, recurrió al Tribunal Supremo. El caso sigue pendiente de revisión en el Apelativo.
Los abogados de las demandantes, el Lcdo. Harry Anduze, el Lcdo. José Juan Nazario y el Lcdo José A. Morales ya están trabajando con una moción de reconsideración que se presentará ante el Supremo para solicitar que levante la paralización de los efectos del injunction que le había sido concedido por el Tribunal Superior de San Juan. También estarán presentando su oposición al recurso de revisión que el Municipio de San Juan tiene pendiente ante el Tribunal Apelativo.
Por otro lado, luego de que en una breve vista ante la Juez Buono De Jesús se desestimaran los cargos por daño a la propiedad pública que el Municipio de San Juan radicó en contra de las cuatro integrantes del MAMPR, el Municipio logró que el Departamento de Justicia acudiera en alzada para revisar esa desestimación. Aunque no todas las mujeres han sido citadas a la vista en alzada, se sabe que la misma está pautada para el 27 de septiembre a las 8:30 en la Sala1105 del Centro Judicial de Hato Rey.
“Tal parece que el Municipio de San Juan prefiere invertir recursos y energías en perseguir al MAMPR y sus integrantes en vez de invertir en la prevención de la violencia machista. Es insólito que insistan en acusar, en borrar el mural y en prohibir que las personas de la comunidad se expresen libremente. ¿A qué le temen? ¿Qué les molesta de nuestro mensaje? Nos parece evidente que la seguridad y vida de las mujeres está en un segundo plano para el Municipio, que prefiere pagar altos honorarios de abogados antes de admitir que se equivocaron al prohibir los murales. Resulta que ahora se vuelven a equivocar al insistir en acallarnos”, expresó Leila Negrón, otra de las demandantes.
Las integrantes del MAMPR expresaron que se sienten apoyadas por la comunidad y que están plenamente conscientes de que este caso es importante no sólo para el MAMPR sino para los demás grupos comunitarios que necesitan y reclaman los espacios públicos como medio de expresión para el cambio social.
“Somos cuatro mujeres acusadas y somos cuatro demandantes en este caso. Sin embargo, sabemos que el país tiene claro que no se trata de nosotras cuatro, sino de cada mujer que sufre en silencio los embates de la violencia machista y de un sinnúmero de grupos y comunidades que tienen derecho a expresarse en contra de la violencia y a favor de la justicia a través de algo tan simple y tan eficaz como un mural.” concluyó la Profa. Sara Benítez.
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“Es importante que el país tenga claro que el recurso de Entredicho provisional, Interdicto preliminar e Injunction permanente y Sentencia Declaratoria radicado el pasado mes de julio por cuatro integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico en contra del Municipio de San Juan sigue vivo. Lo único nuevo que ha pasado aquí es que el Municipio inició un proceso de apelación para detener el injunction preliminar que ya se nos había otorgado. Esta acción del Municipio era totalmente previsible ya que todas sus acciones públicas y legales han estado encaminadas a silenciar el MAMPR.” explicó la Lcda. Josefina Pantoja, una de las demandantes en el caso.
El injunction preliminar permitía a las integrantes del MAMPR pintar el mural que ha sido objeto de la controversia y que en cuatro ocasiones ha sido borrado por personal del Municipio de San Juan. El Municipio de San Juan apeló esa sentencia ante el Tribunal Apelativo y ante la negativa del mismo de paralizar los efectos de la misma, recurrió al Tribunal Supremo. El caso sigue pendiente de revisión en el Apelativo.
Los abogados de las demandantes, el Lcdo. Harry Anduze, el Lcdo. José Juan Nazario y el Lcdo José A. Morales ya están trabajando con una moción de reconsideración que se presentará ante el Supremo para solicitar que levante la paralización de los efectos del injunction que le había sido concedido por el Tribunal Superior de San Juan. También estarán presentando su oposición al recurso de revisión que el Municipio de San Juan tiene pendiente ante el Tribunal Apelativo.
Por otro lado, luego de que en una breve vista ante la Juez Buono De Jesús se desestimaran los cargos por daño a la propiedad pública que el Municipio de San Juan radicó en contra de las cuatro integrantes del MAMPR, el Municipio logró que el Departamento de Justicia acudiera en alzada para revisar esa desestimación. Aunque no todas las mujeres han sido citadas a la vista en alzada, se sabe que la misma está pautada para el 27 de septiembre a las 8:30 en la Sala1105 del Centro Judicial de Hato Rey.
“Tal parece que el Municipio de San Juan prefiere invertir recursos y energías en perseguir al MAMPR y sus integrantes en vez de invertir en la prevención de la violencia machista. Es insólito que insistan en acusar, en borrar el mural y en prohibir que las personas de la comunidad se expresen libremente. ¿A qué le temen? ¿Qué les molesta de nuestro mensaje? Nos parece evidente que la seguridad y vida de las mujeres está en un segundo plano para el Municipio, que prefiere pagar altos honorarios de abogados antes de admitir que se equivocaron al prohibir los murales. Resulta que ahora se vuelven a equivocar al insistir en acallarnos”, expresó Leila Negrón, otra de las demandantes.
Las integrantes del MAMPR expresaron que se sienten apoyadas por la comunidad y que están plenamente conscientes de que este caso es importante no sólo para el MAMPR sino para los demás grupos comunitarios que necesitan y reclaman los espacios públicos como medio de expresión para el cambio social.
“Somos cuatro mujeres acusadas y somos cuatro demandantes en este caso. Sin embargo, sabemos que el país tiene claro que no se trata de nosotras cuatro, sino de cada mujer que sufre en silencio los embates de la violencia machista y de un sinnúmero de grupos y comunidades que tienen derecho a expresarse en contra de la violencia y a favor de la justicia a través de algo tan simple y tan eficaz como un mural.” concluyó la Profa. Sara Benítez.
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miércoles, 22 de septiembre de 2010
MAMPR apoya a estudiantes y profesoras de la UPR en Río Piedras en la defensa del Programa de Estudios de la Mujer y el Género
Comunicado de Prensa para publicación inmediata
San Juan, Puerto Rico, 22 de septiembre de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) se unió en la mañana de hoy a la manifestación convocada por estudiantes y profesoras de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras para exigir la permanencia del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en ese recinto.
“Por décadas, la UPR ha sido el espacio para promover el diálogo, el análisis crítico y la formación de estudiantes que desean integrarse a la sociedad con una perspectiva de equidad de géneros y justicia social. Esas estudiantes, que hoy en día laboran en distintos campos, son parte de una ola expansiva que adelanta la equidad y con ello la posibilidad de salvaguardar las vidas de todas las mujeres que sufren violencia, pobreza y discrimen sólo por ser del sexo femenino”, expresó Leila Negrón, una de las integrantes del MAMPR que asistió a la manifestación.
El MAMPR llamó la atención al hecho de que en los últimos dos años las políticas gubernamentales han estado fuertemente influidas por sectores religiosos fundamentalistas para los cuales la palabra “género” equivale a pecado. Según el MAMPR, el recorte del presupuesto que viabilizaba el funcionamiento del programa confirma que la Universidad está en riesgo de perder su identidad y autonomía ante las políticas misóginas y represivas del gobierno central.
“Estas políticas gubernamentales son las responsables de que al día de hoy tengamos una Oficina de la Procuradora de las Mujeres casi inoperante, un Departamento de Educación que se niega a cumplir con la ley que le obliga a incorporar la perspectiva de género a su currículo y una legislatura en la cual predominan las creencias religiosas de sus integrantes por encima de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos”, añadió Adriana Alonso, otra de las integrantes del MAMPR.
Las integrantes del MAMPR recalcaron que si se permite la desaparición del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en la UPR en Río Piedras, otros programas similares en otros recintos y universidades también desaparecerán. “Sería el triunfo de una mentalidad machista y retrógrada sobre el trabajo de décadas a favor de los derechos humanos de las mujeres de la Isla. Nuestra Isla quedaría rezagada en comparación con las universidades de América Latina y Estados Unidos que sí apoyan estos programas porque reconocen su importancia”, concluyó Negrón.
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San Juan, Puerto Rico, 22 de septiembre de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) se unió en la mañana de hoy a la manifestación convocada por estudiantes y profesoras de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras para exigir la permanencia del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en ese recinto.
“Por décadas, la UPR ha sido el espacio para promover el diálogo, el análisis crítico y la formación de estudiantes que desean integrarse a la sociedad con una perspectiva de equidad de géneros y justicia social. Esas estudiantes, que hoy en día laboran en distintos campos, son parte de una ola expansiva que adelanta la equidad y con ello la posibilidad de salvaguardar las vidas de todas las mujeres que sufren violencia, pobreza y discrimen sólo por ser del sexo femenino”, expresó Leila Negrón, una de las integrantes del MAMPR que asistió a la manifestación.
El MAMPR llamó la atención al hecho de que en los últimos dos años las políticas gubernamentales han estado fuertemente influidas por sectores religiosos fundamentalistas para los cuales la palabra “género” equivale a pecado. Según el MAMPR, el recorte del presupuesto que viabilizaba el funcionamiento del programa confirma que la Universidad está en riesgo de perder su identidad y autonomía ante las políticas misóginas y represivas del gobierno central.
“Estas políticas gubernamentales son las responsables de que al día de hoy tengamos una Oficina de la Procuradora de las Mujeres casi inoperante, un Departamento de Educación que se niega a cumplir con la ley que le obliga a incorporar la perspectiva de género a su currículo y una legislatura en la cual predominan las creencias religiosas de sus integrantes por encima de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos”, añadió Adriana Alonso, otra de las integrantes del MAMPR.
Las integrantes del MAMPR recalcaron que si se permite la desaparición del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en la UPR en Río Piedras, otros programas similares en otros recintos y universidades también desaparecerán. “Sería el triunfo de una mentalidad machista y retrógrada sobre el trabajo de décadas a favor de los derechos humanos de las mujeres de la Isla. Nuestra Isla quedaría rezagada en comparación con las universidades de América Latina y Estados Unidos que sí apoyan estos programas porque reconocen su importancia”, concluyó Negrón.
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lunes, 13 de septiembre de 2010
Nueva victoria del MAMPR frente al Municipio de San Juan: Se desestiman cargos criminales radicados en contra cuatro de sus integrantes
San Juan, Puerto Rico, 13 de septiembre de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico se anotó una nueva victoria legal luego de que en la mañana de hoy se desestimaran los cargos criminales por daño a la propiedad pública radicados por el Municipio de San Juan en contra de cuatro de sus integrantes. La profesora Sara Benítez, la Lcda. Josefina Pantoja, Nitza Meléndez y Leila Negrón son, además, las demandantes en un caso de Entredicho provisional, Interdicto preliminar e Injunction permanente y Sentencia Declaratoria en contra del Municipio de San Juan, la Policía Municipal y el Comisionado de la Policía Municipal, Hilton Cordero.
La desestimación de estos cargos criminales, se suma a la cadena de eventos surgidos a raíz de la intervención de la Policía Municipal de San Juan con las cuatro mujeres que intentaron pintar un mural en contra de la violencia machista en un muro de contención en la Avenida 65 de Infantería.
“Esta determinación del Tribunal Municipal de San Juan demuestra que hacer uso de espacios públicos para exhortar al país a enfrentar la violencia machista NO es un acto criminal. Lo que sí raya en conducta criminal es la persecución del Municipio hacia nosotras y su insistencia en desacatar la sentencia del Tribunal Superior”, expresó la Lcda. Josefina Pantoja, una de las cuatro integrantes del MAMPR imputadas de delito.
A estas expresiones su sumó Leila Negrón, quien expresó sentirse satisfecha con el desenlace del caso criminal. “Al pintar el primer mural el pasado 3 de julio, nosotras lo hicimos plenamente conscientes de que no era nuestra voz la única que se expresaba. Sabíamos, y sabemos, que tenemos el deber de dar voz a las miles de mujeres de nuestra Isla que viven en situaciones de violencia machista y que necesitan urgentemente que nuestras comunidades asuman responsabilidad y actúen para erradicar este terrible mal social”, añadió.
Según el MAMPR el gobierno ha demostrado que no tiene la voluntad ni la capacidad para realizar campañas de prevención de violencia machista, lo que impone a las comunidades el deber de actuar desde su base. Recordaron que 17 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año y este número aumenta a 20 al contar tres transexuales que también han sido asesinadas.
MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES ACUDE NUEVAMENTE A LOS TRIBUNALES POR EL MURAL
San Juan, Puerto Rico, 12 de septiembre de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) anunció que acudirá al Tribunal de San Juan, el lunes, 13 de septiembre para enfrentar los cargos criminales formulados a cuatro de sus integrantes por pintar el mural “Tod@s en Contra de la Violencia Machista” el pasado 3 de julio.
Las cuatro feministas, citadas para las 8:30 de la mañana en la Sala de Investigaciones, reclamarán que se reconozca su derecho a la libertad de expresión en un espacio donde tradicionalmente se ha hecho expresión pública como lo es el muro de la Avenida 65 de Infantería, detrás Colegio San José.
“La Policía de San Juan y su Comisionado Hilton Cordero, han insistido en criminalizar el activismo del MAMPR para denunciar la violencia de género y requerir la solidaridad de la comunidad puertorriqueña para erradicar el mal social por la que han sido asesinadas 17 de mujeres en lo que va de año. Esta cifra sobrepasa los femicidios de todo el año 2009”, argumentó la licenciada Josefina Pantojas, una de las cuatro multadas y citadas a comparecer.
El MAMPR informó, además, que el pasado viernes 10 de septiembre el Municipio de San Juan, la Guardia Municipal y Hilton Cordero, acudieron al Tribunal de Apelaciones para pedir que se revoque la sentencia del Interdicto Preliminar que fue emitida a favor de las cuatro mujeres, demandantes en el pleito que se tramitó en el Tribunal Superior de San Juan. El Municipio está solicitando que se paralicen los efectos de la sentencia hasta que se adjudique el recurso en el Tribunal Apelativo. Sin embargo, el Tribunal Apelativo le concedió 10 días a las 4 mujeres para que expresen su posición sobre el recurso.
El mural ha sido pintado y borrado por el Municipio en el mismo lugar en 4 ocasiones. En la última ocasión, el 6 de septiembre, el MAMPR denunció que se borró desafiando la orden de la jueza Rebeca De León para que no se intervenga con el derecho a la libertad de expresión de las integrantes del MAMPR.
La representación legal de las cuatro activistas está integrada por los licenciados Harry Anduze Montaño, José Juan Nazario Rosa, Rafael Rodríguez y José Alberto Morales.
Las cuatro feministas, citadas para las 8:30 de la mañana en la Sala de Investigaciones, reclamarán que se reconozca su derecho a la libertad de expresión en un espacio donde tradicionalmente se ha hecho expresión pública como lo es el muro de la Avenida 65 de Infantería, detrás Colegio San José.
“La Policía de San Juan y su Comisionado Hilton Cordero, han insistido en criminalizar el activismo del MAMPR para denunciar la violencia de género y requerir la solidaridad de la comunidad puertorriqueña para erradicar el mal social por la que han sido asesinadas 17 de mujeres en lo que va de año. Esta cifra sobrepasa los femicidios de todo el año 2009”, argumentó la licenciada Josefina Pantojas, una de las cuatro multadas y citadas a comparecer.
El MAMPR informó, además, que el pasado viernes 10 de septiembre el Municipio de San Juan, la Guardia Municipal y Hilton Cordero, acudieron al Tribunal de Apelaciones para pedir que se revoque la sentencia del Interdicto Preliminar que fue emitida a favor de las cuatro mujeres, demandantes en el pleito que se tramitó en el Tribunal Superior de San Juan. El Municipio está solicitando que se paralicen los efectos de la sentencia hasta que se adjudique el recurso en el Tribunal Apelativo. Sin embargo, el Tribunal Apelativo le concedió 10 días a las 4 mujeres para que expresen su posición sobre el recurso.
El mural ha sido pintado y borrado por el Municipio en el mismo lugar en 4 ocasiones. En la última ocasión, el 6 de septiembre, el MAMPR denunció que se borró desafiando la orden de la jueza Rebeca De León para que no se intervenga con el derecho a la libertad de expresión de las integrantes del MAMPR.
La representación legal de las cuatro activistas está integrada por los licenciados Harry Anduze Montaño, José Juan Nazario Rosa, Rafael Rodríguez y José Alberto Morales.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Feministas vuelven a pintar murales
A pesar de los pleitos en corte, denuncian el machismo desde las paredes públicas
6 de septiembre de 2010
Varios grupos de activistas feministas y de derechos humanos pintarán esta tarde, a partir de las 3:00 P.M., murales en contra de la violencia machista, que este fin de semana pasado cobró otra vida, la de la Michelle Delgado Cotto de Carolina.
El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y la Guerrilla Feminista del Oeste, así como simpatizantes de ambas organizaciones, pintarán los murales “Tod@s contra la Violencia Machista” en San Juan, Mayagüez, Cayey y otros lugares del país.
“De esta forma el M AMPR reitera su compromiso de contribuir a erradicar la violencia de género, a la par que continuaremos reivindicando el derecho a la libertad de expresión”, afirmó la licenciada Josefina Pantoja, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres.
El mural de San Juan se repetirá en la Avenida 65 de Infantería (en el muró de contención detrás del Colegio San José), donde ha sido pintado en otras dos ocasiones y borrado por el Municipio de San Juan. Las compañeras del MAMPR fueron multadas de pintar el mural, y todavía tienen una vista pendiente.
La licenciada Pantoja explicó que “cuatro integrantes del MAMPR prevalecimos en el Interdicto Preliminar que presentamos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para impugnar la acción de la Policía Municipal de San Juan que nos impuso multas por pintar el mural en la 65 de Infantería, el 3 de julio. Sin embargo, estamos citadas para el 13 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Hato Rey, en un proceso aparte, de naturaleza penal.”
El mural de Mayagüez lo pintará la Guerrilla Feminista del Oeste en la pared de la Sultana. Durante esta semana habrá pintadas en el área sur y en Caguas. Más adelante en Loiza, informaron las portavoces feministas.
La campaña “Tod@s contra la violencia machista”, tendrá además anuncios de servicio público en los medios. “Tenemos que utilizar múltiples formas de expresión y educación para detener la pandemia de violencia que está afectando negativamente la vida de tantas mujeres y familias”, aseveró la licenciada Pantoja.
6 de septiembre de 2010
Varios grupos de activistas feministas y de derechos humanos pintarán esta tarde, a partir de las 3:00 P.M., murales en contra de la violencia machista, que este fin de semana pasado cobró otra vida, la de la Michelle Delgado Cotto de Carolina.
El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y la Guerrilla Feminista del Oeste, así como simpatizantes de ambas organizaciones, pintarán los murales “Tod@s contra la Violencia Machista” en San Juan, Mayagüez, Cayey y otros lugares del país.
“De esta forma el M AMPR reitera su compromiso de contribuir a erradicar la violencia de género, a la par que continuaremos reivindicando el derecho a la libertad de expresión”, afirmó la licenciada Josefina Pantoja, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres.
El mural de San Juan se repetirá en la Avenida 65 de Infantería (en el muró de contención detrás del Colegio San José), donde ha sido pintado en otras dos ocasiones y borrado por el Municipio de San Juan. Las compañeras del MAMPR fueron multadas de pintar el mural, y todavía tienen una vista pendiente.
La licenciada Pantoja explicó que “cuatro integrantes del MAMPR prevalecimos en el Interdicto Preliminar que presentamos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para impugnar la acción de la Policía Municipal de San Juan que nos impuso multas por pintar el mural en la 65 de Infantería, el 3 de julio. Sin embargo, estamos citadas para el 13 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Hato Rey, en un proceso aparte, de naturaleza penal.”
El mural de Mayagüez lo pintará la Guerrilla Feminista del Oeste en la pared de la Sultana. Durante esta semana habrá pintadas en el área sur y en Caguas. Más adelante en Loiza, informaron las portavoces feministas.
La campaña “Tod@s contra la violencia machista”, tendrá además anuncios de servicio público en los medios. “Tenemos que utilizar múltiples formas de expresión y educación para detener la pandemia de violencia que está afectando negativamente la vida de tantas mujeres y familias”, aseveró la licenciada Pantoja.
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