Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico reiteró la necesidad de acción legislativa ante decisión del Tribunal Supremo en caso de adopción

(San Juan, Puerto Rico -20 de febrero de 2013) El Movimiento Amplio de mujeres reiteró hoy la necesidad de acción por parte de la Asamblea Legislativa a favor de los derechos humanos de todos y de todas ante Opinión del Tribunal Supremo en materia de adopción. En una decisión dividida, el más alto foro judicial decidió que la compañera sentimental de la madre biológica de un menor está impedida de adoptarle sin que éste rompa el vínculo jurídico con quien le trajo a la vida. 

“Esta decisión del Supremo es evidencia contundente de que se necesita una Legislatura comprometida con promover legislación basada en los derechos humanos. Al igual que en el 2003 el Tribunal decidió que la Ley 54-1989 no le cobijaba a las parejas del mismo sexo, hoy decide no reconocer la realidad fáctica de un menor que queda sin las protecciones de ley que tiene todo niño o niña nacido dentro de una unión heterosexual”. Sostuvo la Lcda. Mariana Iriarte Mastronardo, una de las portavoces del MAMPR. “De ninguna manera, podemos dejar que nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas queden sujetos a interpretación. El Estado tiene el deber de protegernos a todas y a todos por igual”. Puntualizó la abogada. 

Por su parte, la Lcda. Josefina Pantoja Oquendo expresó que “es urgente que la Asamblea Legislativa acelere el trámite para la aprobación del PC 488 y PS 238 y el Gobernador promulgue estas medidas. No podemos esperar a que muera otra mujer a mano de su compañera o a que se le niegue empleo por ser lesbiana; ya sabemos cómo el Supremo decidirá en estos casos. Este es el momento”. El PC 488 pretende enmendar la Ley 54-1989 para incluir a toda persona sin importar estado marital, orientación sexual o identidad de género. El PS 238, por otro lado, prohíbe el discrimen por orientación sexual en el empleo. 

Asimismo, las activistas feministas se expresaron a favor de la adopción por parejas del mismo sexo y sostuvieron que el discrimen no es una política pública válida. “La leyes deben proteger a todos y a todas por igual. La orientación sexual no es una clasificación permitida por nuestra Constitución ni por el sentido más básico de Justicia”. Sostuvieron las abogadas. De igual manera, sostuvieron que “se le violentan los derechos a unos niños y a unas niñas a los que se deja sin la protección familiar de una de las persona que las ha criado al faltar su madre biológica. Se crea un posible caos en la vida de ese o esa menor si los familiares se enfrascan en una lucha legal por su custodia y tutela”. 

###