viernes, 30 de julio de 2010

“Retaremos la constitucionalidad de la ordenanza municipal que nos prohíbe expresarnos públicamente en contra de la violencia machista”


Comunicado de Prensa para publicación inmediata

San Juan, Puerto Rico, 30 de julio de 2010- El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico anunció en la mañana de hoy que radicarán un recurso de Entredicho provisional, Interdicto preliminar e Injunction permanente y Sentencia Declaratoria en contra del Municipio de San Juan, la Policía Municipal y el Comisionado de la Policía Municipal, Hilton Cordero. En el recurso solicitan, entre otras cosas, que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que dio origen a las multas impuestas a sus integrantes por pintar un mural en contra de la violencia machista en la Carretera Estatal Número 3 el pasado 3 de julio de 2010. El mural era parte de una jornada educativa del MAMPR en contra de la violencia de género.

Según las líderes del MAMPR, el área utilizada por sus integrantes es un foro público tradicional que ha sido históricamente utilizado para actividades de expresión pública sobre asuntos de alto interés para las comunidades y el país. “La violencia machista es un asunto público, que debe ser tratado como tal, a plena luz del día, en espacios públicos, reclamando una voluntad común para rechazar las muertes y las agresiones en contra de las mujeres de la Isla. No podemos ceder los espacios que tradicionalmente se han utilizado para reclamar equidad. Si permitimos que el Estado- sea desde un ente municipal o estatal- coarte la libertad de expresión de grupos comunitarios y reglamente arbitrariamente dónde y cómo debemos hablar y exponer nuestras ideas, estaríamos renunciando a nuestro derecho a evolucionar como pueblo”, expresó la Lcda. Josefina Pantoja Oquendo, una de las integrantes del MAMPR que resultó multada. La ordenanza es claramente inconstitucional pues constituye una prohibición absoluta al ejercicio a la libre expresión.

Las líderes expresaron, además, que es patente la selectividad con la cual fueron multadas y con la cual se borró de inmediato el mural que estaba casi terminado. “En la zona metropolitana hay muchos otros murales o grafittis que llevan semanas, y hasta meses, y no han sido borrados. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué al gobierno municipal le molesta y encuentra feo que se denuncie la violencia machista con un mural artístico a pesar de que estamos ante un problema tan grave que le roba la vida a nuestras mujeres?”, expresaron las portavoces del MAMPR. Para intervenir con ellas la Policía Municipal movilizó más de 10 agentes y, además, se les incautaron sus materiales. Momentos antes de la intervención de la Policía Municipal, la Policía Estatal les había indicado que el área utilizada por éstas era de expresión pública.

Las portavoces del MAMPR añadieron que la libertad de expresión es uno de los más importantes derechos humanos y constitucionales cuya integridad debe ser protegida por la ciudadanía y por el sistema de justicia. “La leyes y ordenanzas municipales deben ser creadas para salvaguardar los derechos de la ciudadanía y no para limitarlos arbitrariamente”, expresó Sara Benítez Delgado.

Las cuatro integrantes del MAMPR fueron multadas con $1,000 cada una por la Policía Municipal de San Juan y fueron citadas al Tribunal Municipal de San Juan el 2 de agosto, por pintar el mencionado mural. En la demanda que se presentará, se expone que la prohibición de expresión pública que surge del inciso (B)(9) del Artículo 5.09 de la Ordenanza Núm. 7 (Serie 2002-2003), según enmendado por la Ordenanza Núm. 44 (Serie 2005-2006) es inconstitucional y están solicitando al Tribunal Superior que ordene al Municipio y a la Policía Municipal de San Juan que se detengan de inmediato los procesos legales iniciados por el Municipio de San Juan en contra de las cuatro mujeres y se abstengan de cobrar las multas impuestas o procesar criminalmente a las demandantes.

“Reclamar los espacios públicos para que se exprese el pueblo no es un capricho. Estamos reclamando el derecho de todo un país- en especial de aquellas personas que no tienen los recursos para pagar anuncios en los medios o alquilar billboards- a expresar sus denuncias y sus reclamos. Todas y todos tenemos derecho a plasmar ante la mirada común nuestras aspiraciones de un país de justicia y paz.” concluyó Leila Negrón, una de las demandantes.