miércoles, 30 de abril de 2014

MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES REPUDIA ELIMINACIÓN DE ORGANISMO QUE REPRESENTE A LAS MUJERES

San Juan, Puerto Rico - 29 de abril de 2014. El Movimiento Amplio de Mujeres se mostró muy preocupado hoy ante la decisión del Ejecutivo de eliminar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres como parte de las medidas para balancear el presupuesto y atender la crisis fiscal que atraviesa el País. "Hoy es un día lamentable para las mujeres en Puerto Rico.  Se ha borrado de un plumazo el resultado de las luchas que por décadas las  mujeres hemos dado para que el País cuente con un mecanismo institucional que fiscalice el cumplimiento, con la garantía constitucional que  prohíbe el discriminen por razón de sexo. Dicho en términos de derechos humanos, un mecanismo que garantice la existencia de la equidad de género y vele por el cumplimiento y promoción de la política pública del Estado en cuanto a esto", indicó la Lcda. Josefina Pantoja Oquendo.


La creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue producto del activismo de las organizaciones de mujeres. "La idea de crear la Oficina de la Procuradora de las mujeres y su ley orgánica, alejada del partidismo político y los vaivenes electorales, provino del análisis sobre dónde nos encontrábamos en cuanto a la Cuarta Conferencia de la Mujer celebrada por la ONU en Beijing en 1995.  ¨Por esto impulsamos una entidad con mayor autonomía y poderes para fiscalizar a las entidades públicas y privadas, nunca pretendimos contar con otra agencia para ofrecer servicios. Ese espacio lo ocupan diversas organizaciones de mujeres, que prestan servicio directo de prevención y atención¨, puntualizó Nirvana González Rosa.


Por su parte, la Lcda. Mariana Iriarte Mastronardo indicó que el Movimiento Amplio de Mujeres reconoce que existen problemas estructurales que hacen necesaria la reestructuración de la Oficina.  Destacó que esa reestructuración no puede lograrse ni servirá a su fin si no se toman en cuenta las voces de las organizaciones de mujeres. "La actuación del Gobernador se llevó a cabo sin consultar  con las mujeres ni las organizaciones que las agrupan. Tampoco parece haberse consultado con sectores expertos en el tema. La tijera fue dirigida por técnicos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto deja claro dónde están las prioridades de la Administración de García Padilla. Sin duda, las mujeres, que componemos más de la mitad de la población y la fuerza electoral, no somos importantes para este Gobierno, tampoco la grave situación de violencia y vejaciones que enfrentan las mismas”, sostuvo la también abogada.

 

El MAMPR también sostiene que uno de los problemas de fondo de la Oficina de la Procuradora de la Mujer es de índole estructural. ¨La intención al crear una procuraduría para atender los temas vinculados con las mujeres fue despojarla de presiones y vaivenes político-partidistas con el fin de resguardar la función fiscalizadora de la Oficina¨, reiteró Pantoja. Además, otro problema estructural es la falta de un mecanismo en el que las ejecutorias de la Procuradora incumbente sean evaluadas y esta reciba retroalimentación para alinear sus iniciativas con las funciones definidas para la OPM. Por último, es inconcebible que en una agencia fiscalizadora, la Procuradora incumbente incumpla con las funciones establecidas por su ley habilitadora.


De igual manera, las feministas recalcaron su descontento con las ejecutorias de las últimas procuradoras y enfatizaron la necesidad de alejar la entidad de los intríngulis de la política partidista. "Por supuesto, que no estamos de acuerdo con las ejecutorias de las últimas dos procuradoras, quienes contaminaron con el partidismo el instrumento que promovimos y, especialmente, con la actual Procuradora, quien ha silenciado la voz fiscalizadora de la Oficina  para intentar dar servicios que ya son ofrecidos por ONGs de mujeres.  Tanto es así que hace exactamente un año, el MAMPR justificó al gobernador mediante carta y conferencia de prensa las razones existentes para destituirla de su puesto", señaló Pantoja Oquendo.


En esa misma línea, Iriarte Mastronardo sostuvo que el rol fiscalizador y el espíritu de la Oficina no se rescatarán reduciéndola a un programa adscrito al Departamento de la Familia. "No es subsumiendo el ente que debe velar por nuestros derechos en una agencia que se caracteriza por el gigantismo, la burocracia e inclusive por el antagonismo que existe muchas veces contra las mujeres en los casos de violencia y de custodia. Esto puede representar un conflicto de intereses y va en detrimento de los derechos de las mujeres¨, puntualizó Iriarte Mastronardo. ¨Esa acción constituye un grave retroceso en el camino que hemos andado las mujeres en la defensa de nuestros derechos durante más de 40 años. Además, en un momento histórico, a 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer, la rendición de cuentas de los estados con su plataforma de acción y donde la mayoría de los países de América Latina y el Caribe están creando o fortaleciendo sus mecanismos de la mujer, Puerto Rico lo elimina", enfatizó Nirvana González Rosa.


Además, expresaron que desde el punto de vista económico el ahorro que puede conllevar la eliminación de la OPM es mínimo, toda vez que su presupuesto es muy reducido y la mayoría de éste proviene de fondos del gobierno federal.  Sin embargo, esto no parece haber sido impedimento para olvidar promesas programáticas relacionadas con el bienestar de las mujeres, que se han hecho sal y agua. Asimismo, advirtieron que es probable que ante la eliminación de la OPM se afecten fondos federales que nutren las asignaciones que reciben las ONGs que ofrecen servicios a las mujeres que enfrentan violencia y  discrimen.


Finalmente, informaron que estarán atentas a lo que sucederá con la OPM. "La propuesta del Gobierno, tan vacía de información, nos pone en pie de lucha y alertas ante los proyectos de legislación que deberán ser aprobados para que pueda ser implantada.  No descartamos ninguna acción destinada a promover un mecanismo institucional que abogue por las mujeres desde una perspectiva fiscalizadora", finalizaron las feministas.

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martes, 8 de abril de 2014

Movimiento Amplio de Mujeres exige respeto para familiares de Ivonne Negrón Cintrón

(8 de abril, 2014 -San Juan, Puerto Rico) El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) de Puerto Rico denunció hoy que el abogado de Juan Ramos Álamo, el acusado de asesinar a Ivonne Negrón Cintrón, está dilatando irrazonablemente los procedimientos al no comparecer al inicio del juicio en la fecha previamente acordada por él.

“Nosotras, como defensoras de derechos humanos, hemos sido consistentes en defender los derechos constitucionales de toda la ciudadanía, incluyendo las personas acusadas de delito. En su momento, organizamos manifestaciones a favor del derecho a la fianza y en contra de la pena de muerte.  Sin embargo, no hace bien a la defensa de los derechos humanos que un abogado paralice los procedimientos judiciales a costa de los devastadores efectos que sufren familiares de las víctimas de delito.”, recalcó la Lcda. Verónica Rivera Torres, integrante del colectivo feminista.

 

“Además, internacionalmente se ha reconocido que la impunidad es también una violación a los derechos humanos. Las víctimas de delito tienen derecho a que sus casos sean investigados y dilucidados a través de los procedimientos judiciales.  Nos entristece el sufrimiento de los familiares de Ivonne y nos indigna que sus derechos sean violentados reiteradamente por un sistema cuyos procedimientos pueden ser fácilmente saboteados por la mera incomparecencia de un abogado”, manifestó la Lcda. Marisara Quiñones Ortiz, coordinadora del MAMPR.

 

Por su parte, la Lcda. Josefina Pantoja Oquendo lamentó que “el mensaje que transmite la dilación ocasionada por el abogado del acusado es que la administración de la justicia puede ser manipulada. En situaciones como esta, los derechos de todas las partes quedan lacerados.”

 

Finalmente, el colectivo feminista exhortó a la Sociedad para la Asistencia Legal, patrono del abogado de Ramos Álamo, a que realice todas las gestiones que estén a su alcance para garantizar el inicio del juicio.

  

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