El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR), coalición feminista integrada por personas en su carácter individual, organizaciones y entidades afines, rechaza la agenda discriminatoria que ha marcado el inicio de las recién estrenadas administraciones en Puerto Rico y Estados Unidos. El mismo día de la juramentación para su segundo término como presidente, el magnate Donald Trump, convicto por varios delitos que conllevan corrupción y atentan contra los valores éticos, inició su mandato con una embestida violenta hacia los derechos humanos, en contra de la equidad de género, las poblaciones migrantes y sexo diversas, las protecciones al derecho a la intimidad y a la salud sexual y reproductiva, y el medioambiente, entre muchas otras.
En el archipiélago boricua las mujeres y los sectores que defendemos los derechos humanos hemos visto también en días recientes cómo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, republicano, conservador y con mayoría en las tres ramas de poder, se ha lanzado a interpretar los resultados electorales de noviembre pasado como una carta blanca para implantar políticas públicas violentas y discriminatorias, que afectan nuestros derechos fundamentales y las reivindicaciones alcanzadas con luchas y mucho tesón por las mujeres a través de los años.
Rechazamos múltiples proyectos de los 100 presentados el primer día de sesión legislativa por el presidente del senado Thomas Rivera Schatz, porque atentan contra el derecho constitucional a la intimidad y a la separación entre la Iglesia y el Estado. Nos referimos particularmente al P. de S 1., llamado “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa”. También denunciamos que se utilice el nombre de una víctima de feminicidio para crear un proyecto de ley cuyo fin último es atacar el derecho fundamental a la intimidad. Nos referimos al P. del S. 3.
Gobierno de Estados Unidos
Cuestionamos las políticas públicas que Donald Trump está implementado a través de docenas de órdenes presidenciales que ha emitido en los primeros días de su mandato. Estas órdenes ejecutivas persiguen eliminar los programas federales que promueven la equidad, el reconocimiento de la diversidad, así como medidas y garantías para las personas inmigrantes que, de por sí, viven un drama de inestabilidad, pobreza y peligrosidad en la búsqueda de una mejor vida. Estamos viendo con gran indignación cómo, sin respeto o humanidad alguna, se está poniendo en riesgo las vidas de las mujeres, de la comunidad LGBTTQI+ y de otras poblaciones vulnerabilizadas.
Repudiamos las redadas ejecutadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos en Puerto Rico. Las barriadas y zonas de Santurce, Barrio Obrero, Río Piedras y Puerto Nuevo, donde vive un alto número de migrantes con o sin documentación regulada, se vieron invadidas, como en las dictaduras militares o conflictos armados, por vehículos militares y oficiales armados. La selectividad, abuso de poder y el amedrentamiento han sido obvios. La gente tiene miedo. En el aire quedaron las expresiones superficiales de la gobernadora de que “aquí no pasaría nada”.
Nos oponemos a todo esto y nos uniremos al Frente Amplio contra las Políticas Migratorias de Trump y demás esfuerzos colectivos y comunitarios que se desarrollen para apoyar y solidarizarnos con las hermanas y hermanos de República Dominicana, Haití y otras nacionalidades. También exigimos al gobierno local medidas concretas para proteger a las personas migrantes y cero cooperación en estas redadas abusivas. El MAMPR es consciente de que los próximos cuatro años presentarán grandes retos para las causas de los derechos humanos de las mujeres y de otros sectores vulnerabilizados que son el blanco de las políticas de Trump. El gabinete del actual presidente está escogido a su medida. Trump está respaldado además por el Tribunal Supremo, que en su primer término tuvo la oportunidad de llenar con mayoría republicana de extrema derecha. Por ello, estaremos tendiendo puentes y promoviendo alianzas con organizaciones y grupos que estén dispuestos a resistir el embate de las fuerzas retardatarias y retrógradas.
Los resultados electorales del 2024 no son una licencia para violar derechos humanos. Ni el pueblo puertorriqueño ni el estadounidense, aún el conservador, votaron en las urnas para que se eliminaran o violaran derechos. Nuestros derechos humanos no son negociables. Hacemos un llamado al movimiento feminista y a todos los sectores sociales que creen y defienden la equidad y los derechos humanos a que nos unamos. No es la primera vez que las mujeres nos enfrentamos al discrimen y violación de nuestros derechos, como tampoco será la primera vez que con organización y militancia feminista logremos vencer.
.png)
.png)
