“Nosotras, como defensoras de derechos humanos, hemos sido consistentes en defender los derechos constitucionales de toda la ciudadanía, incluyendo las personas acusadas de delito. En su momento, organizamos manifestaciones a favor del derecho a la fianza y en contra de la pena de muerte. Sin embargo, no hace bien a la defensa de los derechos humanos que un abogado paralice los procedimientos judiciales a costa de los devastadores efectos que sufren familiares de las víctimas de delito.”, recalcó la Lcda. Verónica Rivera Torres, integrante del colectivo feminista.
“Además, internacionalmente se ha reconocido que la impunidad es también una violación a los derechos humanos. Las víctimas de delito tienen derecho a que sus casos sean investigados y dilucidados a través de los procedimientos judiciales. Nos entristece el sufrimiento de los familiares de Ivonne y nos indigna que sus derechos sean violentados reiteradamente por un sistema cuyos procedimientos pueden ser fácilmente saboteados por la mera incomparecencia de un abogado”, manifestó la Lcda. Marisara Quiñones Ortiz, coordinadora del MAMPR.
Por su parte, la Lcda. Josefina Pantoja Oquendo lamentó que “el mensaje que transmite la dilación ocasionada por el abogado del acusado es que la administración de la justicia puede ser manipulada. En situaciones como esta, los derechos de todas las partes quedan lacerados.”
Finalmente, el colectivo feminista exhortó a la Sociedad para la Asistencia Legal, patrono del abogado de Ramos Álamo, a que realice todas las gestiones que estén a su alcance para garantizar el inicio del juicio.
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