COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
3 DE DICIEMBRE DE 2012, SAN JUAN, PR- El Movimiento Amplio de Mujeres de PR (MAMPR) exige una investigación completa y cabal de todas las instancias del Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico en el caso de Marinette Feliciano González. Las portavoces del MAMPR indicaron que de acuerdo a la información que ha surgido en la prensa hay muchas y significativas interrogantes sobre cómo las autoridades han manejado el caso de violencia doméstica donde resultó brutalmente golpeada Marinette Feliciano González a manos de un abogado muy conocido en el oeste de PR, el Lcdo. Narciso Pagán Valentín, en un apartamento localizado en el pueblo de Rincón.
“Queremos saber el rol que desempeñó la Policía, la Fiscalía y el Tribunal de Primera Instancia” indicó la Profesora Sara Benítez, portavoz del MAMPR. En dicho caso la Juez Anselma Cabrera, del Tribunal de Primera Instancia, desestimó la querella contra el abogado Pagán Valentín, residente de Añasco, pero el Departamento de Justicia, llevará el caso en alzada el lunes, 3 de diciembre, ante otro magistrado de la región de Aguadilla.
Lcda. Olga López, portavoz del MAMPR, señaló que “desde hace mucho tiempo las investigaciones y evaluaciones del sistema de justicia criminal indican graves deficiencias en el manejo de los casos. Las personas que operan el sistema de justicia y que están encargadas de hacer realidad los remedios y derechos consignados en la legislación son responsables en gran medida del problema de violencia hacia las mujeres que vivimos actualmente. Solo se necesita confrontar la ley escrita con las experiencias de las sobrevivientes de la violencia machista y con las prácticas entronizadas en las agencias del sistema de justicia.”
El MAMPR exigió a la Procuradora que investigue el manejo del caso en todas las instancias de administración de justicia, desde la Policía hasta el Tribunal. El Art. 10 de la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada le otorga a la Procuradora poderes para “atender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las mujeres, les nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho, y afecten los programas de beneficio para las mujeres; y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o cualquier agencia que niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las mujeres.”
Además, exigieron “que la OPM informe al país sobre el seguimiento que dicha oficina le debe estar dando a los planes de acción de todos los componentes del sistema de justicia criminal para lograr una eficaz centralización y coordinación de las funciones e intervenciones de dichos componentes en los casos de violencia doméstica y que resultaron del proyecto ARREST”. El proyecto ARREST fue una investigación que identificó las prácticas utilizadas por cada uno de los componentes del sistema de justicia criminal para atender los casos, y evaluó la eficacia de las mismas.
También pidieron que la Procuradora de las Mujeres “rinda cuentas sobre los trabajos que está realizando la Comisión para una Política Pública Integrada sobre Violencia Doméstica”. Dicha Comisión fue creada mediante orden ejecutiva para establecer como política pública la integración de los esfuerzos para combatir la violencia doméstica y fue reconocida por la Ley 88 de 2005. Los miembros de la comisión son la Procuradora de las Mujeres, como presidenta; los secretarios de los departamentos de Justicia, Corrección, Familia, Educación, Salud y Vivienda; el superintendente de la Policía; el coordinador general de la Oficina de Comunidades Especiales; el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; el asesor del Gobernador en Bienestar Social, representación del CAVV y tres asesores y representantes del interés público.
El MAMPR también le solicitó al Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Dentón, que como administrador de la Rama Judicial, establezca un protocolo en la rama para la atención y manejo adecuado de los casos de violencia doméstica y que se organice un proyecto continuo de educación para que prepare a los jueces y a las juezas en perspectiva de género.
Personas Contacto:
Profa. Sara Benítez: cel. (787) 647-4945
Lcda. Olga López cel: (787) 548-5288
Lcda. Mariana Iriarte: cel. (787) 671-6747
Adriana Alonso: cel. (787) 642-0767
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