San Juan,
Puerto Rico – 6 de junio de 2014. El
Movimiento Amplio de Mujeres expresó su enérgico repudio a la enmienda a la Ley
54 radicada por el representante Carlos Vargas Ferrer. ¨Con esta medida, el
legislador intenta requerir que las víctimas de violencia doméstica juramenten
su declaración sobre el delito que han sufrido¨, declaró la Lcda. Josefina
Pantoja Oquendo. Añadió que en su exposición de motivos, el representante
Vargas Ferrer parte de premisas incorrectas y discriminatorias que reflejan un
evidente desconocimiento del protocolo judicial para manejar querellas de
violencia doméstica.
La
exposición de motivos del proyecto parte de la premisa de que las mujeres
mienten al radicar un caso por violencia doméstica. Establece el representante
Vargas Ferrer que "Si no hay consecuencias por la falta de honradez en
casos tan sensitivos como lo son los de violencia domestica (sic) el sistema
estaría validando tácitamente la deshonestidad¨ (P de la C 2016). Además, el
representante afirma que el sistema no contempla salvaguardas que garanticen
que se imparta justicia cuando declara que el sistema judicial tiene el deber
de ¨buscar la verdad y nada más que la verdad¨ lo que demuestra un craso
desconocimiento de las etapas de radicación e investigación de las querellas
por violencia doméstica.
¨Son
varias las razones en las que la medida que requiere la juramentación constituye
un peligroso retraso los logros alcanzados al aplicar la Ley 54
para proteger a las víctimas de violencia doméstica¨ afirmó por su parte la profesora
Sara Benítez Delgado. No es necesario juramentar la denuncia para garantizar
veracidad como en todos los casos criminales la víctima del delito es
entrevistada por un fiscal antes de ir a vista de causa probable y luego la
víctima testifica bajo juramento ante el juez o la jueza. Por otro lado, las
órdenes de protección en casos civiles bajo la Ley 54 se emiten luego de que un
juez o una jueza entrevista a la parte promovente. Además, en la exposición de
motivos se habla de los casos que se retiran, pero no explica que ese retiro la
veracidad del testimonio de la víctima, sino con temor, presión de familiares,
pastores y el ambiente hostil de los Tribunales, entre otros factores.
En el P de
la C 2016, el representante Vargas Ferrer pretende incorporar a la Ley 54 un
artículo que se intentó incluir en el 1989 a última hora durante la discusión en
la Cámara de Representantes del proyecto de ley que dio lugar a la Ley 54. En
aquella ocasión las cientos de mujeres presentes en las gradas se opusieron a
que se incorporara en la medida un artículo que promueve una visión
estereotipada de que las mujeres que presentan cargos por violencia doméstica
mienten.
Esta medida lleva
la lucha por los derechos de las mujeres de vuelta décadas atrás, cuando en
los casos de agresiones sexuales el testimonio de una mujer se consideraba insuficiente
para probar un caso criminal contra un ofensor sexual. También denota un total
desconocimiento de las situaciones que atraviesan las sobrevivientes de
violencia, del trato discriminatorio que reciben dentro del sistema de justicia,
y de las limitaciones que este tiene para atender y proveer alternativas a las
necesidades de las mujeres perjudicadas y testigos en los tribunales.
¨Medidas
como la propuesta por el representante Vargas Ferrer son una muestra de la
imperiosa necesidad de implantar las políticas públicas sobre violencia
contra las mujeres y de educación con perspectiva de género a lo largo y ancho
de nuestro país¨ sentenció Pantoja Oquendo.
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