La separación entre Iglesia y Estado: principio de la democracia

Opinión libre
Lcda. Josefina Pantoja Oquendo/Especial para Claridad

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Una mirada a la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico es suficiente para concluir que se trata de una declaración de avanzada en cuanto a protecciones civiles y humanas se refiere. La Constitución es un documento que entró en vigencia en el 1952, luego de una asamblea constituyente, de que fuera aprobada en consulta hecha al pueblo de Puerto Rico y luego sometida y recortada por el Congreso de Estados Unidos. En ese recorte fue eliminada la sección 20, que establecía el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la protección social y otros derechos humanos reconocidos. Tal parece que fueron considerados demasiado buenos por los legisladores del norte que, en última instancia, tenían el control del proceso. Posiblemente su lenguaje era muy parecido a una disposición socialista. A pesar de la tijera del imperio, sobrevivieron importantes cláusulas que nos sirven de base para exigir reivindicaciones fundamentales para la democracia.

El artículo II de la Constitución de Puerto Rico recoge esa Carta de Derechos con protecciones que hemos tenido que defender a veces dentro del sistema de justicia, pero sobre todo mediante la militancia y el activismo en la calle. ¿Cuántos de quienes leen Claridad no han sido parte de la defensa del derecho a la fianza cuando los grupos conservadores han intentado limitarlo, como ocurre ahora que se están proponiendo varios proyectos de ley en esa dirección? Son incontables las protestas a las que hemos asistido en contra de la pena de muerte que está prohibida por la Constitución de Puerto Rico, pero la fiscalía federal no ha cesado en su empeño de traerla por la cocina, en contra de la voluntad del pueblo puertorriqueño. Ese intento ha chocado todas las veces con la negativa de los jurados boricuas que lo han tenido ante su consideración. La sección 7 nos ampara en esa lucha. Con la misma pasión hemos combatido los intentos de darle un carácter privado al derecho a una educación que hasta el nivel secundario tiene que ser pública, gratuita y que propenda al desarrollo de la personalidad del estudiantado y al respeto por los derechos del hombre, y por supuesto, también de las mujeres y de las libertades fundamentales. Es así como lo dispone la sección 5. Recordamos la asignación de becas para estudiantes en escuelas privadas. Ahora ronda el concepto de las llamadas escuelas “Charter” u otras propuestas que puedan surgir bajo las llamadas Alianzas Públicas Privadas (APP).

En el movimiento feminista hemos promovido la equidad entre los géneros y la erradicación de la discriminación apoyándonos en la sección 1 de la Carta de Derechos que establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que por lo tanto, no puede haber discrimen por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosa, entre otras.
Protecciones contra registros ilegales, contra la interceptación telefónica, derechos que también son atropellados por la legislación federal que lo permite, la garantía de la igual protección de las leyes, de la libertad de expresión y de asociación, son valores que atesoramos y defendemos. Todos ellos fueron establecidos por los llamados padres de la Constitución y también por su única madre, María Libertad Gómez, siempre olvidada por ser mujer. Con frecuencia nos preguntamos, cómo es posible que tan excelente y humanitario documento haya sido trabajado por las mismas personas que moldearon el estado colonial en que vivimos y que se resume en el llamado Estado Libre Asociado, ente político que también se estructura en la Constitución.

Igualmente importante en la Carta de Derechos es la sección 3 que prohíbe la aprobación de legislación relacionada con el establecimiento de cualquier religión, garantiza el libre ejercicio de culto religioso y de que habrá completa separación entre la iglesia y el estado. Más clara que el agua es esta cláusula. Sin embargo, es uno de los derechos más amenazados y que más daño puede causar sobre otras reivindicaciones que la misma Carta contiene. La violación de esa separación es la orden del día en el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista. Esta amenaza, ahora convertida en realidad, se veía venir desde la participación del ahora Gobernador en actos donde era ungido por los sectores más conservadores y fundamentalistas dentro de los religiosos. Uno de sus primeros nombramientos fue el del pastor Heredia para dirigir una oficina de enlace con organizaciones comunitarias y de base de fe desde la Fortaleza. De esta forma, las organizaciones no gubernamentales que nada tienen que ver con religión dependen de esta persona para tener acceso al Ejecutivo. Se trata del mismo hombre que torpedeó el nombramiento de la ex procuradora designada, Johane Vélez.

Entre otros botones de muestra sobre la injerencia que está teniendo el sector religioso fundamentalista y también la iglesia católica en el actual gobierno, está la legislación que se está proponiendo para echar atrás logros en el área de derechos humanos que ya se habían adelantado. De esta forma se ven amenazados los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de personas que no profesan ninguna religión, lo cual nada tiene que ver con su calidad humana, con sus capacidades para ocupar puestos en el servicio público, como la judicatura. Sin embargo, ese criterio religioso que atenta crasamente contra la separación entre la iglesia y el estado, además del partidista, prevaleció en la nominación para las plazas que estaban vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

No son pocos los legisladores y legisladoras que se apropian del discurso religioso para tomar decisiones. Éste fue el caso de las senadoras Migdalia Padilla y Evelyn Vázquez, que preside la Comisión de la Mujer del Senado, para escarnio del movimiento feminista. Ésa es la misma Legislatura que comienza las sesiones con invocaciones religiosas, aunque luego se insulten y degraden con sus conductas bochornosas los puestos que ocupan y por los cuales les pagamos con nuestras contribuciones.

Tal vez los ejemplos más recientes del atentado contra la separación entre iglesia y estado provienen del flamante Secretario de Educación. Antes de sentarse en su silla el señor Chardón dejó sin efecto la Carta Circular que establecía la política educativa de equidad por género, propuesta que fue impulsada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para trabajar con la educación como una herramienta fundamental para erradicar el discrimen por género, raíz de la violencia y la opresión que sufrimos. Las explicaciones que dio Chardón provocarían risa, si no fuera tan trágico. La realidad es que la administración Fortuño cedió a las presiones de los grupos religiosos. La más reciente hazaña de Chardón es su propuesta de que los llamados cinco minutos de reflexión con que se iniciará el día escolar, se basen en ocho de los diez mandamientos. Habría que adivinar por qué ocho y no diez. Las nubes son el límite para la creatividad de este insigne funcionario que, para desgracia del sistema de educación pública, ha tenido dos turnos al bate.

El cuatrienio apenas está comenzando, por lo que podemos esperar más intentos de menoscabar la separación entre la iglesia y el estado cuyo propósito es dirigirnos hacia una agenda conservadora, donde la libertad de pertenecer a alguna religión o a ninguna esté bajo amenaza y el sentido de moral que cada grupo tenga intentará prevalecer en el establecimiento de las políticas públicas. Los estados modernos que progresan en dirección del respeto y la aceptación de la diversidad avanzan en la dirección contraria: el estado laico, las iglesias en un lado, los gobiernos en el suyo. Aquéllas, estableciendo los dogmas que sus seguidores quieran aceptar. El estado, sirviéndoles a sus constituyentes sin importar sus diferencias. En ello consiste la verdadera democracia.

Debemos defender el principio de la separación entre la iglesia y el estado con la misma firmeza y convicción con que lo hacemos por otros derechos que también son de primer orden. Estoy segura que eso es lo que haría cualquier persona religiosa si el estado intentara intervenir en su fe. A “santo” de qué, para estar en sintonía con el tema, tiene que ser diferente.