Editorial de El Nuevo Día

27 Septiembre 2010
INSEGURIDAD QUE TIENE QUE ACABAR

Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.
Las vistas públicas que han celebrado las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, demuestran, con más crudeza que nunca, la incompetencia y desinformación que cunden en la atención del drama cotidiano de las víctimas de la violencia de género.Entendemos que la desinformación sobre este trágico comportamiento y la desconexión sistémica con que se trata de atender conforman un coctel letal que mutila y siega la vida de muchas mujeres en Puerto Rico. Proponemos, entonces, que el fenómeno empiece a atenderse con la amplitud de seguridad y la sensibilidad que amerita.

El testimonio de varias mujeres que, en el marco de las vistas, explicaron los obstáculos que han enfrentado para recibir apoyo de las autoridades y agencias de Gobierno, y protegerse de las posibles agresiones de sus parejas o ex parejas, ejemplifica la necesidad de hacer cambios en la Ley 54.

Pero hasta ahora la mayor parte del debate se ha centrado en discutir aspectos aislados de la Ley y no en enfocar las fallas y lagunas de las que adolece, y que podrían resolverse con intercomunicación entre las agencias; mayor información y preparación del personal a cargo, y una perspectiva integral del proceso para respaldar a las víctimas.

Tiene razón la representante Albita Rivera al señalar que no se necesitan “parchos a la Ley 54” y que los testimonios de las mujeres que han acudido a la Cámara, son de gran provecho para evaluar el nivel de efectividad de mecanismos que ahora mismo están en tela de juicio, como las órdenes de protección.

En 2009 se emitieron 19,504 órdenes de protección, lo que no impidió que 16 mujeres fueran asesinadas, algunas de ellas a pesar de haber buscado ayuda y tramitado la protección. Cuando faltan todavía tres meses para que finalice el 2010, ya hemos tenido 18 mujeres muertas por la violencia machista. Esto sin contar las que han resultado físicamente mutiladas o psicológicamente heridas.

Un proyecto de la senadora Evelyn Vázquez, recientemente aprobado por el Senado, establece que, al dorso de la orden de protección, aparezcan unas medidas que deben adoptar las víctimas, como sacar copias de la orden y la foto del agresor y distribuirlas por su comunidad, lugar de empleo y escuela de los hijos. No está claro en el texto del proyecto si esto se haría a manera de orientación solamente, o si por Ley la perjudicada vendría obligada a sacar dichas copias y repartirlas por todas partes. Esto último sería echar encima de la víctima una carga que debe corresponder a las instancias a las que acude en busca de protección. Muchas de estas mujeres no tienen simplemente los medios para sacar copias, ni mucho menos la transportación para distribuirlas. Esto, de todos modos, seguiría siendo otro “parche” que deja intacto el camino de la inseguridad.

Otra propuesta, el Proyecto de la Cámara 2751, de las senadoras Liza Fernández y Albita Rivera, dispone que al expedirse la orden de protección, los alguaciles y policías retiren a los agresores las llaves y ‘beepers’ de acceso a las casas y urbanizaciones donde vive la víctima. También se orientará a la víctima para que informe de la situación en su comunidad y a su familia.

Aunque atribuyamos una encomiable intención detrás de estos esfuerzos, no puede seguirse retrasando un examen integral de la Ley pero, más aún, de las desconsideradas inconsistencias del sistema que impiden su rigurosa aplicación.

Esas lagunas propician propuestas aisladas que prolongan el ciclo de inseguridad en perjuicio de la mujer que pide ayuda. Y ese trágico ciclo se tiene que romper.