lunes, 27 de septiembre de 2010

El “deber” de las víctimas

27 Septiembre 2010
Publicada en El Nuevo Día

VIVIAN RODRÍGUEZ DEL TORO
PSICÓLOGA Y CATEDRÁTICA DE LA UIPR

El controvertible proyecto del Senado 1680, presentado por la senadora Evelyn Vázquez pretende imponer responsabilidades y tareas a las víctimas de violencia doméstica en relación a las órdenes de protección. De aprobarse el proyecto, se requiere que las víctimas le saquen múltiples fotocopias a la orden de protección y las entreguen, junto a un retrato del agresor, a todas las personas y lugares donde ella se relaciona (trabajo, familiares, vecinos, escuela, iglesia, etc.).

En esencia, el proyecto parece tener una intención loable al reconocer que las órdenes de protección necesitan darse a conocer y que hace falta tomar acciones concretas para que las mismas puedan ser más efectivas en la protección de las víctimas. No obstante, le impone una carga y responsabilidad inusual y desmedida a las víctimas. Imponer este “deber” plantea un desconocimiento de la realidad psico-emocional que tienen las víctimas de violencia doméstica, como resultado del patrón de maltrato y del ciclo de violencia que la mayoría ha vivido previo a solicitar una orden de protección. Para muchas mujeres atreverse a solicitar la misma, ya de por sí, representa una decisión difícil e intimidante. Pretender que cumpla con el “deber” que le impone esta ley, pudiera ser para muchas disuasivo para no solicitar la orden.

De otra parte, cabe preguntar, ¿cómo se pretende que las mujeres pobres, sin recursos, facilidades, educación, falta de transportación y que viven en la ruralía o barriadas puedan realizar las gestiones requeridas por esta ley? ¿Cuál será el resultado si no cumplen? ¿Se les va a multar, penalizar o acusar por faltar a la ley? ¿Por qué no se le impone esta responsabilidad a la Policía, al Departamento de Justicia u otra agencia concernida?

Tal como está redactado este proyecto de ley, esencialmente lo que hace es re-victimizar a las víctimas al hacerlas responsables directas de la protección que precisamente están solicitando de las agencias gubernamentales creadas para ese propósito. Recomendamos se enmiende el proyecto para que al emitirse la orden, se requiera una comunicación interagencial que alerte a todas las partes, asignando los fondos y recursos necesarios para su implantación.

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