Comunicado de Prensa para publicación inmediata
San Juan, Puerto Rico, lunes, 25 de abril de 2011- “El gobierno tiene que admitir que sus estrategias para detener la violencia machista han fracasado”, expresaron portavoces del MAMPR en la mañana de hoy al reaccionar a la muerte de la decimosexta mujer asesinada en lo que va de año.
“La prevención e intervención con la violencia de género requiere más que “promesas de hombre” y páginas de Internet. Requiere un esfuerzo coordinado entre agencias del orden público y las comunidades”, expresó la socióloga Sara Benítez Delgado. Ésta añadió que en la medida en que se siguen promoviendo políticas públicas que no están basadas en estudios serios sobre el tema, se despilfarran fondos públicos y energía en acciones que no dan resultados.
Por su parte, la abogada Verónica Rivera Torres criticó la inversión de fondos públicos en organizaciones religiosas que insisten en tratar la violencia machista desde una perspectiva religiosa que ignora las múltiples dimensiones de este grave problema. “Sabemos de organizaciones de base de fe que insisten en dar terapias de pareja. Este es uno de los grandes NO, NO del manejo de casos de violencia machista o doméstica, como la tipifica nuestra ley”, expresó la abogada.
La ley federal conocida como VAWA, condiciona la asignación de fondos federales a agencias públicas y privadas que atienden casos de violencia de género a que éstas garanticen prácticas seguras en el ofrecimiento de servicios a las víctimas. Específicamente, el Departamento de Justicia Federal, quien administra los fondos, prohíbe la terapia de parejas, la mediación de conflictos y otras prácticas que expongan a las víctimas frente a los agresores.
“Si la violencia en relaciones de pareja se da en un contexto de poder y control en el cual el agresor intimida y maltrata emocionalmente a la víctima, resulta imposible pensar que una terapia de pareja resolverá la situación sin poner en riesgo a la víctima”, explicó la Dra. Milagros Colón Castillo.
“Nuestro gobierno insiste en poner estos asuntos en manos de personas que no son capaces de ver la violencia en relaciones de pareja como un asunto de desigualdad de géneros. Prefiere pensar que con una oración aquí, una marcha allá, otra conferencia de prensa por acá, ya resuelve el problema. Peor aún, los fundamentos religiosos han sido la orden del día al interpretar la Ley 54 y al tomar otras decisiones que afectan los derechos de las mujeres”, añadió la Lcda. Rivera Torres.
En una actividad de denuncia celebrada el pasado jueves, el MAMPR denunció que las mujeres de la Isla están sufriendo las consecuencias de que el Estado se haya convertido en una teocracia de facto. “Esta última muerte nos da la razón. Las acciones religiosas promovidas desde el gobierno no son la solución y mucho menos cuando son de corte conservador y discriminatorio”, concluyeron las portavoces.
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